Acontecerbanilejo.com La transformación del sistema educativo nacional exige condiciones de madurez institucional, estabilidad política y confianza social, así como un clima propicio para el diálogo informado. En las circunstancias actuales, una fusión ministerial de esta naturaleza podría generar incertidumbre, inestabilidad jurídica y afectar la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo educativo y científico del país.
Una reforma de este alcance requiere la existencia de un amplio consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y en la evaluación de modelos comparados. Hasta el momento, no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica, científica, a las instituciones de educación superior y a la sociedad civil organizada. La ausencia de este consenso convierte la propuesta en prematura y carente de un análisis más profundo.
Modificar el régimen institucional que regula la educación dominicana es un ejercicio particularmente delicado, en tanto implica la regulación y garantía de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación. El artículo 4 de la Ley 66-97, Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano, orientado al desarrollo integral de la persona y al interés nacional, sin discriminación alguna. Cualquier modificación a la estructura que sostiene este derecho debe realizarse con la máxima prudencia, responsabilidad y rigor técnico, a fin de evitar retrocesos en términos de equidad, calidad y pertinencia del sistema educativo.
Fuente: El Caribe
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